Pero en el siglo XVI llegó el protestantismo, que rechazó este sacramento, anuló el celibato y confió al Estado el registro matrimonial. Toda una revolución en la narración de las bodas, ya que el matrimonio no quedaba únicamente relacionado a la religión. El reparto de las bodas religiosas es desigual en el territorio español.
Desde uniones concertadas, hasta uniones que realmente se hicieron por amor. Sin embargo, lo más frecuente en la antigüedad eran los matrimonios concertados. ¿Qué puede realizar la Iglesia para frenar esta sangría de matrimonios católicos? “La población católica echa en falta que la Iglesia ayude a madurar a las parejas, que les acompañe”, sostiene Vidal, quien añade que “la Iglesia va a hacer un mejor servicio si es más acogedora de todo el conjunto de ocasiones distintas en que se encuentran las parejas y es capaz de acompañar a las parejas que conviven”, en vez de abandonarles tal y como si fueran pecadores al no haber pasado por el altar. 31 López Alarcón.- Matrimonio civil y matrimonio canónico. Ordenamiento de hoy en España y legislación comparada.
Camara, aunque en opinión de Hernández Ascó18 el precepto contenía una fórmula práctica de tolerancia recibida con satisfacción por los católicos españoles por el hecho de que, en aquel momento, suponía un paso adelante en relación se veían libres de la ley de matrimonio civil obligación de 1870. Habrán de ajustarse a la novedosa regulación los matrimonios que se celebren en España si uno o ambos contrayentes son españoles, o, aun, si los dos contrayentes son extranjeros, pero en este último caso, siempre y cuando la forma religiosa esté aceptada por la ley personal de uno de ellos, la inscripción podrá efectuarse al amparo de las normas anteriores, que prosiguen actuales, contenidas en los artículos 50 y 65 del Código Civil y concordantes del Reglamento del Registro Civil. Que el Código Civil al charlar del matrimonio religioso no canónico afirma que “el consentimiento marital va a poder prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita” (artículo 59) -lo que evidentemente tiene relación solo a la ceremonia en que el permiso se presta-, al paso que al hablar del matrimonio canónico emplea una expresión completamente diferente, ya que se refiere al “matrimonio festejado según las normas del Derecho canónico” (artículo 60). Que no es espíritu del producto 2 de la Constitución obligar a los españoles a casarse civilmente, y a ello se les obligaría si se transformara el matrimonio canónico en un matrimonio civil con forma religiosa. Por el contrario se inclinan por el sistema de tipo latino Sancho Rebullida, Puig Brutau, Lalaguna Domínguez, López Alarcón, Santos Briz, García Cantero y Albadalejo71 , para los que además del matrimonio civil y del matrimonio civil en forma religiosa (no canónica), se reconoce otro género de matrimonio, el canónico, sometido en todo a las normas de la Iglesia católica y a sus Tribunales.
Córdoba
Y la dote era una moneda de cambio frecuente. Stephanie Coontz, autora de uno de los enormes ensayos de referencia sobre el tema, Historia del matrimonio. De qué manera el cariño conquistó el matrimonio afirma que “ciertas cosas que la gente considera habituales son en realidad innovaciones relativamente recientes”. Como, por servirnos de un ejemplo, la “tradición según la cual el matrimonio debe ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia”, una novedad de 2.000 años de antigüedad. Pero, al mismo tiempo, “muchos puntos que la gente piensa que no tienen precedentes, de todos modos no son nuevos”.
Cumplido este trámite, el Encargado del Registro Civil, expedirá por duplicado, certificación acreditativa de la aptitud marital de los contrayentes, que estos van a deber entregar al ministro de culto solicitado de la celebración del matrimonio. Este criterio legislativo se plasmó poco después en la reforma del Reglamento del Registro Civil por Decreto de 22 de mayo de 1969, que alteró los productos 244, 245, 246 y 248, estableciéndose en el artículo 245 que “si se trata de personas que hubieran descuidado la Religión católica, se exigirá que a la mayor brevedad que se presente la prueba de que el abandono fué comunicado por el interesado al párroco del domicilio. La comunicación va a poder hacerse a través del Solicitado por correo certificado con acuse de recibo”. Finalizado en 1965 el Concilio Vaticano II, la declaración Dignitatis Humanae consideró el principio de libertad religiosa como criterio rector de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y su relación con el matrimonio se refleja en las leyes y disposiciones positivas. Al poco tiempo se decretó la nueva Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, la que insistía en que había de acreditarse la no profesión de la Religión católica para autorizar el matrimonio civil ; y el Reglamento de 14 de noviembre de 1958 proseguía en su producto 244 con la exigencia de la presentación de tal prueba con la solicitud. Sólo existió entonces la forma confesional del matrimonio canónico, y no se reconoció otra por el Estado, manteniéndose esta situación en España hasta 1870, ya que en el momento en que en 1851 surge la actividad codificadora, se vino a insistir en el primitivo Proyecto de Código Civil, en la forma canónica del matrimonio. El horizonte de la mujer deja de ser únicamente el de ama de la casa y los divorcios aumentanSi el siglo XIX fue el siglo del amor, el XX fue el siglo del sexo.
Se atenuaba la reforma con ciertas disposiciones donde se reconocía que el matrimonio era perpetuo y también indisoluble (artículo 1º) ; se mantenían los impedimentos de orden sagrado y profesión religiosa (producto 5º) y se hacía la declaración explícita de que los contrayentes podían festejar el matrimonio espiritual antes, después o al tiempo del civil (artículo 34º). Pero como señala Castán8 “chocaba tanto el principio de secularización del matrimonio con las tradiciones patrias y con el ámbito popular, que la observancia de la nueva ley encontró una enorme resistencia y fueron muy varias la gente que no quisieron transigir con la reforma y siguieron celebrando de forma exclusiva el matrimonio ante la Iglesia”. Tan lírica justificación del matrimonio civil obligación que se imponía en la ley, pudo ser fruto del disimulado radicalismo de exactamente la misma que no supo ver ni aplicar, adecuadamente a nuestro juicio, el principio de libertad religiosa contenido en la Constitución. Se legisló a espaldas del pueblo en esta materia olvidándose que la regla jurídica puede orientar y también imponer hábitos sociales, pero en el momento en que sobre cierta cuestión existe una conducta social amplia y arraigada, la regla se desautoriza legislando lo opuesto de lo que está en el ánimo de la comunidad a la que se dirige ; y de esta forma ocurrió en 1870 donde, sin duda, un matrimonio civil facultativo hubiese tenido éxito y se habría consolidado fácilmente.
Cuando La Mediación Y El Arbitraje De Consumo No Tienen La Posibilidad De Realizar Nada Contra Las Prácticas Comerciales Infieles
Aunque los datos entre provincias son muy similares, en Córdoba se ha alcanzado ya un situación donde el 60% de los matrimonios que deciden romper esa convivencia piden de forma conjunta esa separación legal. Los datos del Centro de Estadística y Cartografía de Andalucía revelan además que los matrimonios duran más en este momento en Córdoba que en ningún otro año desde 1998 –ese año es el primero que aparece en la estadística– y que la barrera de los 17 años de duración no se excedió hasta 2017; tras años como 2007 y 2013, en los que esa caducidad de los matrimonios bajó hasta los poco más de 15 años. No obstante, en los últimos tiempos, la inclinación es celebrar no solo las de oro, sino las de bodas de algodón, para el segundo año de en matrimonio.
Antes, un Decreto de 22 de enero del mismo año dispuso que los hijos que proceden de matrimonio de forma exclusiva canónico, mandados inscribir como “naturales” por la R.O. De 11 de enero de 1872, se inscribirían como legítimos, rectificándose al efecto los correspondientes asientos. El Decreto de 9 de febrero de 1875, firmado por Cánovas del Castillo, siendo Ministro de Gracia y Justicia Don Francisco de Cárdenas contenía como principales disposiciones, la de atribuir plenos efectos retroactivos a los matrimonios preceptivos celebrados desde la vigencia de la Ley de 1870, y el restablecimiento de la forma canónica, preservando exclusivamente la civil con carácter inusual, para esos que declarasen no profesar la religión católica. Fue complementado por la Instrucción de 19 de febrero y R.O. Del día 27 del mismo mes y año 1875, indicándose a los Jueces Municipales la obligación contenida en el Decreto, “haciéndoles entender que solo tienen la posibilidad de autorizar los matrimonios de esos que ostensiblemente manifiesten que no forman parte a la Iglesia Católica”.
Diario La Ley
Se elevaron numerosas consultas a la D.G.R.N. en virtud del reformado producto 100 del Reglamento del Registro Civil, por dudas surgidas sobre concurrencia de los requisitos precisos para el matrimonio civil de los apóstatas. De esta manera se produjo la Circular de 2 de abril de 1957, detallando que tales dudas tenían que versar principalmente sobre cuestiones de Derecho, en orden a la prueba practicada de profesar o no la Religión católica, predominando en cualquier caso la resolución de la D.G.R.N. sobre la celebración del matrimonio, ampliación de pruebas o imponer la superior apreciación de las presentadas. La Circular exigía, tratándose de apóstatas, “prueba bastante y correcta de su actitud ostensiblemente desvinculadora y apóstata de la dogmática primordial del catolicismo, lo suficientemente expresiva para llevar al ánimo del Juez, la convicción de una genuina apostasía”, agregando que debe desconfiarse “de las apostasías que tienen sitio mientras que se pretende casarse civil, pues bien tengan la posibilidad de ser motivadas mucho más que por un cambio de fe, por el deseo de eludir la especialidad preceptiva del matrimonio …”. Precisamente que rara vez se tenía la seguridad ética de la apostasía, convirtiéndose en frecuente la elevación normativa de los expedientes de matrimonio civil a la Dirección General que, por este camino, se transformaba por vía de consulta en árbitro supremo y resolutorio en cuestiones matrimoniales. En su consecuencia, concretamos que después de la reforma de 1977 nuestro sistema matrimonial proseguía siendo de matrimonio civil subsidiario, aunque completamente liberalizado de juramentos, pruebas y tabúes que habían trascendido del puro campo jurídico civil y así se comentaba en círculos religiosos55 que no puede considerarse apostasía el hecho de que un católico se case únicamente por lo civil, si bien al no haber sido reformado el Concordato, la Iglesia prosiga sosteniendo sus principios y leyes en relación a la celebración del matrimonio de los católicos. Si después de la modificación del concepto y causas de excomunión, no existe ésta cuando los católicos celebran su matrimonio frente a un Ministro acatólico, con mayor motivo no va a existir si se festeja frente a un Magistrado civil.
Como han señalado Alberca de Castro, García-Pardo, Matz Quintano, Navas Renedo y Sánchez Patrón63 “difícilmente se podía determinar un sistema matrimonial desde la óptica constitucional ya que la ambigüedad del producto 32 y su intencionada imprecisión64 , aumentada en buena medida por la inconsistencia de los debates constitucionales, otorgaron al legislador ordinario la capacitad de consagrar un sistema marital. Por su lado López Alarcón61 asimismo se mostraba partidario de tal reforma, pero advertía que la génesis y reforma del artículo 42 del Código Civil y de otras disposiciones concordantes, siempre y en todo momento se había hecho con el asentimiento de la Santa Sede y que la redacción entonces vigente de tal producto derivaba de lo acordado en el protocolo final del Concordato, con lo que, una exclusiva modificación del mismo, también debería ser negociada con aquella. El Decreto referido originó varias inquietudes, siendo muy diversos los criterios seguidos en su app práctica.
Ahora, Jaén y Granada sobrepasan a Córdoba. En la situacion de la provincia jiennense, los matrimonios duran de media 18 años y un par de meses y en el caso de la granadina, 17 años y ocho meses. En el polo opuesto se sitúan las provincias de Sevilla, Málaga y Almería, en las que respectivamente, los matrimonios caducan a los 16 años y ocho meses, 16 años y tres meses y casi los 16 años.
Las Bodas Religiosas Pasan En Dos Décadas De Rozar El 76% Del Total A Apenas El Diez%
López Alarcón40 expresa la desilusión sufrida por quienes esperaban una total recepción del Derecho Canónico en materia marital, y apunta que la doctrina consideró como poco afortunada tal resolución legislativa ; una regresión que implica un evidente apartamiento del canon 1099 (decía Sancho Rebullida) o disposiciones que no coinciden con la canónica y requieren una correcta solución (Isidoro Martín). La predisposición comentada era lógicamente restrictiva y radicalizó la protección al matrimonio canónico, siendo, a nuestro juicio, lo mucho más contrario a la convivencia y libertad, aunque comprensible en los tiempos y situaciones en que fue difundida, de exacerbado catolicismo. La Orden, dictada contra la concienciación de una gran mayoría de la colectividad española, fue objeto de varias impugnaciones23 y fundamentalmente de los Obispos, aun el de Badajoz propuso recurso contencioso administrativo, al que no se dio lugar, declarándose no impugnable la Orden por ser disposición de carácter civil. Se sucedieron al respecto varias disposiciones19 que por vía de interpretación del producto 42 del Código Civil introdujeron importantes variantes en el sistema, aunque creemos que fue absurdo, si bien explicable entonces, que la Administración impusiese una interpretación oficial, transformándose así lo inmutable de tan alta Institución a la preponderancia (según los tiempos y actitudes) de un método administrativo mutable. Nosotros creemos que la recepción, como hemos apuntado, fue puramente formal, en buena lógica jurídica, por cuanto de esta forma se suponía la posibilidad de evolución del Derecho receptor, que prosigue evolucionando y desarrollándose con aptitud de adaptación instantánea, ponderando así la estimable crítica de Bonet Ramón15 que atribuía al artículo 75 del Código Civil el reconocimiento de la competencia legislativa de la Iglesia, tanto del Derecho Canónico en ese instante en vigor, como del que pudiese dictarse en el futuro, acogiendo por lo tanto el reenvío formal en cuanto a las normas de producción jurídica.
Muchas civilizaciones consideraban el matrimonio como un contrato privado entre el padre de la novia y el novio. Otras no consideraban a la mujer como un adulto a nivel legal, siendo ella la propiedad de sus progenitores primero y de su marido después. También existieron civilizaciones en las que la poligamia era algo totalmente habitual. Desde los primeros pueblos organizados socialmente hasta nuestros días la celebración de las bodas ha evolucionado bastante a lo largo de la historia.
Situación de hoy y perspectivas de reforma. “1. Se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado frente a los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, va a ser necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro Civil. Sobre la manera de inscripción el producto 63 dispone con carácter general que “la inscripción del matrimonio celebrado en forma religiosa se practicará con la fácil presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil”. Que el Código Civil hable de “celebración en forma religiosa” no ordena a entender que hablamos de un matrimonio civil y que lo religioso sea no él, sino sólo la forma o rito de la celebración, pues todo nuestro Derecho previo a la reforma vino empleando las palabras “celebración” y “forma” no sólo como ritos, sino más bien aludiendo a tipos fundamentales de matrimonios. Hacía suya la opinión de Peré Raluy en este punto38 , refutando los dos a López Alarcón (que, como se repite, estimaba que un acta notarial de notoriedad de acatolicidad podría producir en el expediente matrimonial los efectos probatorios que se atribuyen a los documentos públicos) por cuanto tal acta sería indebida para justificar el hecho negativo en que se basaba el concepto exacto de acatolicidad a estos efectos, toda vez que estas actas tienen por objeto la comprobación y fijación de hechos notorios … ; llegaba a la conclusión de que solo quedaba la declaración jurada de no haber sido bautizados, como válida para entrar al matrimonio civil.